El agua, bien escaso, es
dominio público hidraúlico estatal, y dado que los ríos comparten su cauce en diversas provincias, corresponde al Estado la competencia
en la Planificación Hidrológica.
Como administrador único, vela
para que todos accedamos en pie de igualdad a sus beneficios. Y resuelve bien. Conflictos
enquistados como eran la Cuenca del Júcar o los trasvases desde la cabecera del
Tajo a las poblaciones manchegas del Guadiana con problemas de abastecimiento
parecen ya superados.
Dada su naturaleza de patrimonio compartido, se confía al “gobierno común” su gestión.
Esto viene a colación por la
presencia de 17 administraciones distintas conduciendo otros tantos asuntos
universales, como la salud o el acceso a recursos educativos, con el
correspondiente resultado de desigualdad
dependiendo de allá donde vivas y gasto que se deriva de criterios diferentes.
El desarrollo de las
Comunidades Autónomas fue un acierto en el momento histórico en el que
arrancaron su camino. Hoy en día, y dado los resultados tan estrambóticos a los
que se ha llegado (17 legislaciones dispares en el etiquetado de productos,
que hace más fácil la exportación fuera de nuestras fronteras que la distribución dentro del país)
parece obligado revisar su evolución y consecuencias.
Cuentan de la Corte Bizantina, ante
el despliegue de riquezas y comfort que ofrecía, que la sofisticación de la
ciudad se resolvía en diálogos acerca del sexo de los ángeles. Los absurdos son
lujo de tiempo de bonanza. El que hoy
nos acompaña nos llama a la contención y a la prudencia.
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